Crisis venezolana entra en etapa de mayor tensión

CARACAS (AP) — La crisis en Venezuela avanzó el lunes hacia una etapa de mayor tensión tras la elección de la Asamblea Constituyente que las autoridades han advertido que irá contra los sectores adversos al gobierno, en medio del rechazo de varios países del hemisferio y las advertencias de la oposición de que mantendrán la presión en las calles para impulsar un cambio político.

La coalición opositora convocó a nuevas manifestaciones el lunes en rechazo a la instalación esta semana de la Constituyente, que buscará modificar la carta magna y -según los críticos del gobierno- dará poderes ilimitados al partido del presidente Nicolás Maduro.
El presidente del Congreso y dirigente opositor Julios Borges descartó el lunes la posibilidad de un diálogo con la Asamblea Constituyente y dijo advirtió que la oposición mantendrá las protestas hasta lograr “elecciones libres” y un “cambio de gobierno”.
En una entrevista con el canal de noticias Globovisión Borges sostuvo que el Congreso -de mayoría opositora- seguirá sesionando a pesar de amenaza del constituyente electo Diosdado Cabello de que la Asamblea Constituyente operará desde el palacio legislativo.
El dirigente expresó que con la elección de la Asamblea Constituyente, a la que consideró un “fraude”, Maduro tiene “menos legitimidad, menos credibilidad, menos apoyo popular y menos capacidad de gobernar” y no tendrá otra opción que sostenerse con la “fuerza bruta”.
En un fuerte discurso hacia sus adversarios Maduro anunció la madrugada del lunes que la Asamblea Constituyente tendrá, entre sus primeras tareas, la reestructuración del Ministerio Público, lo que hace prever la inminente salida de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien luego de ser vinculada por años al gobierno se enfrentó en marzo al mandatario y se convirtió en la líder de un creciente movimiento disidente.
Asimismo el gobernante pidió a los constituyentes revisar la inmunidad de los diputados y amenazó con llevar a la cárcel a los opositores que han promovido las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses que han dejado al menos 125 fallecidos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos.
Ocho millones de venezolanos participaron el domingo en la elección de los delegados de la Asamblea Constituyente, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.
El nivel de participación fue objetado por la coalición opositora que sostiene que sólo unos tres millones de electores intervinieron en el proceso.
La elección de los delegados de la Asamblea Constituyente fue cuestionada por varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos que amenazó con fuertes sanciones económicas de concretarse el proceso para reformar la constitución.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que la Asamblea Constituyente arranca con problemas de “legitimidad” debido a que la elección de sus 545 delegados se dio sin cumplir las “condiciones constitucionales” y “condiciones democráticas”, lo que hace prever que enfrentará dificultades para operar y lograr reconocimiento local e internacional.
Sobre las medidas que adelantó Maduro, León dijo a la emisora local Éxitos que evidencian la decisión del gobierno de ir a una “radicalización total”.
El analista planteó que Maduro decidió recurrir al camino que han tomado otros gobierno radicales de “unificarse contra un enemigo externo” y tratar de “atemorizar a cualquier enemigo interno” para poder sostenerse pese a la crisis.
Venezuela enfrenta la tensión política en medio de una compleja situación económica con una inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una contracción que el Fondo Monetario Internacional estima que podría alcanzar este año el 12%.
Maduro desestimó las amenazas de posibles sanciones económicas que hizo Washington y sostuvo que a “Venezuela no la ordenan ni la mandan desde el exterior”.
La eventual aplicación de sanciones económicas, que según León parece inevitable, podría ser “demoledor” para la economía.
Los gobiernos de Argentina, Perú y Brasil se sumaron el domingo a la posición que habían expresado días atrás Colombia, México y Panamá contra el proceso de reforma de la constitución.
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